Políticos contra la contaminación: no hay quien se los crea.

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Luis Candelas fue el enemigo público número uno de la capital más castiza del reino, hace ya bastante tiempo. Más tarde se reencarnó en el Baix Llobregat donde se dedicó a darle al lápiz, en todos los intentos de prensa libre de la comarca entre los años ochenta y finales de los noventa. Ahora, más viejo que nunca, vuelve porque le han insistido, con más desgana que antes, pero con la misma voluntad de meter el dedo en la llaga del poder. Bajo su Capa se esconde una mala baba del copón, pero también los sueños indestructibles de la justicia, la libertad y la esperanza en un mundo mejor.

No deja de ser paradójico que, como señala nuestro compañero Daniel Pueyo en la crónica de este mismo digital sobre el despertar hospitalense, al mismo tiempo que 400 ciudadanos conscientes se manifestaban en la ciudad contra la política de saturación urbana que defiende el equipo de gobierno, la alcaldesa, en tanto que presidenta de la Diputación, participaba dando consejos medio ambientales en la cumbre de gobiernos locales y regionales de Durban.

Cualquiera que no fuera la alcaldesa se sonrojaría por el atrevimiento porque no es presentable, por incoherente, defender como una hazaña climática la propuesta de un sistema de alquiler de vehículos eléctricos en l’Hospitalet, a la vez que se alienta en su ciudad la construcción de miles de nuevos pisos en espacios libres u ocupados por antiguas naves industriales sin prever un solo palmo más de espacios verdes o de reserva de suelo para los futuros equipamientos.

Golpea sobre tamaña iniquidad, además, la inconsecuente política de la reciente tala de árboles en las calles o la propuesta de rebajar en 2.000 metros cuadrados uno de los escasos parques urbanos de la ciudad, en este caso el de la Alhambra en Santa Eulalia, porque no cabe el polideportivo previsto en otro lugar del barrio.

Parece que en las ciudades del área metropolitana de Barcelona lo que ahora cuenta es reducir la contaminación sobre la base de eliminar vehículos de combustión para cambiarlos por eléctricos en lugar de ir al origen del problema: la depredación absoluta del espacio público para construir, como si la única solución fuera reducir la movilidad contaminante en lugar de esponjar el territorio para que sea la propia vegetación, los árboles, la que purifique el ambiente.

Hasta ahora, los escasos parques urbanos se han conseguido mediante políticas de compensación recalificatoria o por catalogación histórica y apenas existe experiencia de inversión urbana en este ámbito, que supondría destinar una parte del presupuesto público a la adquisición de espacio libre para esponjar el territorio y favorecer la zona verde ciudadana. Esta es una cuestión que ni siquiera se plantea. Antes al contrario, espacios libres preservados históricamente por su utilización como servicios estatales, como el Parc de la Remonta por ejemplo, se han reconvertido en espacios de masiva nueva construcción con la excusa de incrementar mínimamente el parque de vivienda protegida, antes que mantenerlos como zonas verdes en lo que supondría una apuesta de futuro para la ciudad. Es decir, se vuelve a hipotecar el futuro del municipio más hipotecado del área metropolitana, con la exclusiva intención de conseguir nuevos recursos para engrosar un presupuesto que, por ejemplo, se gasta en sueldos y asesores una barbaridad.

Muy al contrario, los mensajes para evitar la contaminación se dirigen a los aspectos más coyunturales: acuerdos con empresas para mejorar la movilidad eléctrica, para instalar servicios de bicicletas, para hacer carriles bus, etc. Hace ya un cierto tiempo, el AMB impulsó una política de fomento de la utilización de bicicletas privadas con el incremento de los carriles bici y los depósitos de parkings de alquiler. Durante años vimos como todas las ciudades del área se llenaban de esos depósitos de bicicletas en calles y plazas que en la mayoría de ocasiones permanecían vacíos durante días, semanas y meses, sin que nadie se preguntara a qué tipo de demanda correspondían, puesto que jamás fueron solicitados por ningún colectivo de usuarios. Es más, lo habitual era que el usuario de bicicleta se llevara la bicicleta a casa y la instalara, como lo más normal del mundo, donde podía, en los balcones, incluso.

Pues bien, era evidente que la demanda correspondía a un interés muy concreto: el del fabricante de depósitos de bicicletas que se debió poner de acuerdo con el político de turno para favorecer una medida que incluso podía venderse como progresista y de futuro. Y así se hizo. Por la profusión de depósitos en muy poco tiempo, alguien debió de ganar mucho dinero con todo ello, claro está…

No hay duda de que esas medidas son interesantes. Algunas, probablemente necesarias. Lo extraño es que políticos que desprecian el aspecto clave, como es la preservación del territorio, nos hagan creer, a lo simple, que sus medidas coyunturales tienen el único objetivo que nos venden: contribuir al bien común y al descenso de la contaminación.

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